Un ex legislador federal de Miami que firmó un contrato de consultoría por 50 millones de dólares con el gobierno de Venezuela fue arrestado el lunes por cargos de lavado de dinero y de representar a un gobierno extranjero sin registrarse.
David Rivera, un republicano que se desempeño en el Congreso federal entre 2011 y 2013, fue arrestado en el aeropuerto de Atlanta, indicó Marlene Rodriguez, portavoz de la fiscalía federal en Miami.
La acusación formal por ocho cargos asegura que Rivera fue parte de un plan para cabildear a nombre de Venezuela para mejorar las relaciones del país sudamericano con Estados Unidos, resolver una disputa legal de una compañía petrolera y poner fin a las sanciones económicas de Washington contra Venezuela, sin haberse registrado como agente extranjero.
El acta acusatoria menciona reuniones que Rivera habría organizado en Washington y Nueva York, entre otros lugares, con senadores, legisladores y funcionarios de la Casa Blanca, ninguno de los cuales fue identificado.
“Para ocultar la naturaleza sensible de su trabajo, la fiscalía afirma que Rivera se refería a Maduro en mensajes de chat como el “conductor de autobús”, a un congresista como “Sombrero” y a los millones de dólares como “melones…”.
Aunque el documento no identificaba a ninguno de los funcionarios estadounidenses, pruebas de una demanda paralela presentada contra Rivera indican que cuando trabajaba para Venezuela, el excongresista estaba en contacto con el senador Marco Rubio, un viejo amigo que ayudó a impulsar la dura campaña del gobierno de Trump contra Maduro.
Como parte de la campaña de acercamiento, intentó arreglar un vuelo y reunión en el avión de un empresario afín a Maduro para una asesora de campaña convertida en “asesora” de la Casa Blanca el 27 de junio de 2017, el mismo día que la asistente de Trump Kellyanne Conway estaba en Miami para una cena de recaudación de fondos con republicanos de Miami.
Las oficinas de Rubio:
También recurrió al representante Pete Sessions de Texas para tratar de organizar un encuentro para el ministro venezolano de Exteriores con ejecutivos de Exxon, que en esa época tenía su sede en el distrito de Sessions.
Por ejemplo, la acusación formal señala que en 2017 Rivera le escribió mensajes de texto a un senador federal no identificado diciendo: “Recuerde, Estados Unidos debería facilitar, y no sólo apoyar, una solución negociada”, y “Sin venganza, reconciliación”.
Las oficinas de Rubio y Sessions no respondieron en un primer momento a peticiones de comentarios por teléfono y correo electrónico.
La presión se había estado acumulando sobre Rivera durante más de dos años después de que saliera a la luz que había recibido un enorme contrato de parte de una filial estadounidense de la compañía petrolera estatal venezolana cuando el presidente Nicolás Maduro intentaba congraciarse con la Casa Blanca en los primeros días del gobierno de Donald Trump.
El Servicio Federal de Alguaciles:
La compañía de Rivera, Interamerican Consulting, fue demandada en 2020 por PDV USA, filial local de Citgo, de propiedad venezolana. La denuncia aseguraba que el ex legislador no realizó ningún trabajo como parte del contrato que firmó en 2017 por tres meses de “asesoría estratégica” con el fin de establecer vínculos con importantes figuras estadounidenses.
En la acusación formal, la fiscalía señala que Rivera envió un mensaje de texto en octubre de 2017 en el que reconocía que debía registrarse para cabildear por el gobierno venezolano; de otra forma “mi abogado me ha dicho que por el momento es ilegal… y que no debo tocarlo por nada, pero sería un escándalo de proporciones monumentales”.
Aunque el contrato de Rivera fue con una entidad estadounidense, cualquier trabajo realizado a nombre del gobierno de Maduro o de intereses comerciales de Venezuela habría requerido que se registrara como cabildero extranjero