Las complicidades de la dirigencia política santafesina con grupos criminales enredados en el narcotráfico y otros negocios ilegales, como el juego clandestino, brindan una explicación concreta al grave deterioro institucional que erosiona al Estado en la provincia.
Una prueba elocuente de este escenario es que Los Monos mantienen un pico en su actividad desde hace más de 25 años y que incluso su líder, Ariel Cantero -alias Guille-, continúa manejando esa organización ilícita desde la celda donde cumple condenas que suman 62 años de prisión. Para que esto ocurra deben existir complicidades desde lo alto del poder, hasta ahora nunca identificadas por la Justicia.
Una organización criminal rústica y precaria como Los Monos, surgida de la pobreza más cruda, que usa la violencia extrema como única arma, logró que los crímenes y la muerte se naturalizaran en Rosario, una ciudad que históricamente estuvo identificada por su pujanza económica, vinculada con la actividad agroindustrial. Triste y preocupante resulta que ahora su marca sea también la sangre que corre por sus calles.
La oscuridad que aportan los lazos que unen a sectores de la política con eslabones de la mafia deja un contexto propicio para que las organizaciones criminales tengan cada vez mayor poder y margen de acción.
La impunidad instala una convivencia sólida y armónica que permite describir a Santa Fe con las palabras del escritor y periodista italiano Leonardo Sciascia en El día de la lechuza, editada en 1960, cuando señala que la mafia política protege a la delictiva porque su raíz, su tronco y su follaje están hechos de lo mismo.
Una investigación realizada por dos valientes fiscales, como Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, avanzó sobre los eslabones de la política que estaban ausentes hasta en la mirada de la Justicia, también contaminada por la corrupción. Todo se une en este prisma judicial: asesinatos, sobornos, negocios y corrupción. Ahora los mencionados funcionarios judiciales están amenazados y sus vidas corren peligro, otro síntoma de la impunidad y del grado de descomposición al cual se ha llegado.
Una causa de juego clandestino que se inició en enero a partir del crimen del gerente del Banco Nación de Las Parejas, Enrique Encino, perpetrado por Los Monos, terminó con el «empresario» que manejaba el juego presentándose como arrepentido por temor a que lo mataran los narcos, a los que entregó casinos ilegales como parte de pago a los Cantero para evitar ser blanco de una represalia.
Leonardo Peiti, segunda generación de «capitalista de juego clandestino», un «intocable» a lo largo de distintas gestiones gubernamentales, reveló que pagaba coimas al jefe del Ministerio Público en Rosario, Patricio Serjal, y su hombre de confianza en la Fiscalía, Gustavo Ponce Asahad.
El objetivo de su «pacto» con los fiscales era tener un cerco de protección para su negocio ilegal, algo que también habría tejido con la policía y con la política, de la mano del jefe del bloque de senadores peronistas, Armando Traferri,acusado de ser organizador de la asociación ilícita.
En la causa se mencionó el sobrenombre Sarna, también como supuesto beneficiario de los sobornos, en alusión al jefe de la policía Víctor Sarnaglia, que renunció por pedido del gobernador Omar Perotti después de que la nacion revelara esa información el domingo 22 de agosto.
En las últimas semanas, la investigación avanzó sobre el senador Traferri, un dirigente que va por su tercer mandato en la Legislatura y que fue dos veces intendente de San Lorenzo, la zona donde están asentadas las principales terminales exportadoras del país.
Traferri fue un aliado clave para que el peronismo sellara la unidad el año pasado y retornara al poder después de 12 años de gestión del Frente Progresista, una alianza de socialistas y radicales. El poder del senador del PJ se cristalizó en sus influencias para que la exjueza Alejandra Rodenas integrara la fórmula con Omar Perotti.
Esta exmagistrada investigó sin avances varias causas de la historia criminal de Rosario, como la del narco Luis Medina y el atentado contra el exgobernador Antonio Bonfatti. No encontrar nunca culpables, como pasó en Santa Fe en la última década, es propio de este diabólico juego.
A Traferri lo protegen sus fueros legislativos, que en Santa Fe son más amplios que en el Congreso de la Nación. Esa protección es transversal a toda la clase política. Para que los fiscales lo puedan imputar, sus pares en la Cámara alta de Santa Fe -dos tercios de los presentes- deben retirar ese resguardo legislativo. Eso no ocurrirá.
Los senadores peronistas y del Frente Progresista consideraron que no había elementos de peso en la investigación y cerraron el paso a los fiscales para que siguieran investigando. Según el Código Procesal Penal de Santa Fe, la pesquisa contra el senador peronista debe archivarse.
Traferri esgrimió que esta investigación es una maniobra política del ministro de Seguridad Marcelo Saín, que busca confirmar la conexión de este senador con sectores de la policía aliados a los narcos y al juego ilegal.
Es la primera vez que una investigación judicial profundiza en una trama que compromete a la política y al mundo criminal. La lamentable respuesta del peronismo y de un sector del radicalismo fue cerrarse para generar mecanismos de autoprotección. La impunidad se impuso sin dejar resquicio para que un senador, como cualquier ciudadano, sea sometido a un proceso judicial.
La política no solo aparece muy manchada en esta novela hiperrealista en la que se mezclan el narcotráfico, el juego ilegal y los sobornos, sino además como cómplice directa de una situación que confirma la fragilidad de las instituciones republicanas cuando el poder político pacta con el crimen. Una vez más, la mafia volvió a imponerse.
CCB