La red conformada por ex viceministros del gobierno del fallecido Hugo Chávez, que viene siendo investigada por el cobro de comisiones a cambio de adjudicación de negocios con la principal firma estatal, Petróleos de Venezuela, pagó U$S 30,6 millones en sobornos a Eudomario Carruyo, director financiero de la empresa entre 2005 y 2011.
Eso se desprende de documentación a la que accedió el diario El País de Madrid, que demostraría que Carruyo cobró ese dinero en la Banca Privada d’Andorra entre 2008 y 2010.
Según el informe realizado para el diario madrileño por Joaquín Gil y José María Irujo, los fondos llegaron a través de transferencias de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía y Petróleo de Venezuela; Diego Salazar, primo del exministro de Energía y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez; y Luis Carlos de León, exabogado de la petrolera.
La justificación para el desembolso fue que Carruyo realizaba trabajos de asesoría y se concretaron mediante «contratos orales». Los falsos servicios de consultoría fueron una de las tretas de la trama que saqueó PDVSA para justificar sus comisiones ilegales, según los investigadores.
Un juzgado de Andorra procesó en 2018 a Villalobos, Salazar y De León por pertenecer presuntamente a una red de 28 personas que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas agraciadas con millonarias adjudicaciones de PDVSA.
El grupo que urdió la trama ocultó beneficios obtenidos por U$S 2.000 millones en Andorra, país que entonces protegía a través del secreto bancario.
Carruyo percibió 30,6 millones a través de una cuenta en la BPA a nombre de su sociedad panameña Biford Investments S. A., en la que figuró como representante junto a su esposa, Nancys Jacibis Perozo de Carruyo. El exdirectivo de PDVSA abrió este depósito para facturar supuestos servicios de su firma venezolana de ingeniería, Lugo Enterprise.
El dinero de la trama llegó a las cuentas en la BPA de Carruyo en forma de traspasos internos, un sistema que no deja rastro. Y tras aterrizar en la entidad andorrana, se transfirió a otros depósitos del exjefe de finanzas de PDVSA en el extranjero. Así, Carruyo traspasó 20,1 millones en junio de 2011 a una cuenta en un banco de Dubái controlada por su sobrina, la venezolana Katerina S. P., de 34 años. Y remitió 6,5 millones en abril de 2010 a un depósito de un banco de Suiza donde figuraba como beneficiario.
De acuerdo al informe de El País de Madrid, la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) concluye en un informe de julio de 2020 que Carruyo utilizó a su sobrina Katerina S. P. como testaferro en dos cuentas en la BPA. Se trata de depósitos vinculados a las sociedades panameñas Welnut Overseas S. A. y Terrystone Foundation que canalizaron el millonario caudal de fondos inyectado por la trama.
La familiar del político reconoció en una declaración jurada que su tío era el verdadero dueño de los fondos.
La treta de Carruyo de usar a su sobrina en sus cuentas en Andorra tenía por objeto -según los investigadores- evitar que el banco cerrara los depósitos del exdirectivo de la petrolera por su condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP), una etiqueta para identificar a cargos públicos, funcionarios o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por corrupción.
Un informe incorporado al sumario -unas pesquisas que arrancaron en 2012 y que suman ya más de 76.000 documentos- enmarca los ingresos en la BPA de Carruyo en los movimientos de una presunta organización delictiva que se sirvió para hacer caja de su proximidad al Ejecutivo del expresidente Chávez. «Políticos venezolanos habrían cobrado sobornos a fin de facilitar contratos de PDVSA a empresas extranjeras», indica el documento.
La tesis coincide con la expuesta por la magistrada andorrana Canòlic Mingorance en setiembre de 2018 en el auto por el cual procesó a 28 miembros de esta organización, según se puede ver en el informe de esa época.
El paradero de Carruyo, que ha estado vinculado a distintas derivadas del saqueo de PDVSA, es desconocido desde hace años.
La Fiscalía de Venezuela cifró en 4.200 millones de euros el expolio de la petrolera estatal perpetrado por la red. Una investigación interna de los actuales gestores de PDVSA determinó que exdirectivos de esta firma defraudaron a la compañía en al menos 500 millones de dólares.
CCB