La Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló el miércoles 17 de agosto la extradición a Estados Unidos (EEUU) de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, para que responda ante la justicia de ese país por supuestos delitos vinculados con el narcotráfico.
Álvaro Córdoba es solicitado por la Corte Distrital de EEUU para el Distrito Sur de Nueva York por el cargo de «concierto para importar narcóticos» y porte ilegal de armas de fuego. Fue detenido en Medellín en febrero de 2022 junto a una mujer identificada como Libia Palacio Mena.
El hombre fue candidato al Concejo de Medellín por el Partido Liberal en 2011. Su hermana, quien está en la mira de las autoridades de su país por tener presuntos vínculos de negocios con el empresario Alex Saab, extraditado a EEUU a mediados de octubre de 2021, negó entonces en sus redes sociales que ni ella ni su hermano tienen nexos con el narcotráfico y pedía que se mostraran las pruebas acerca de esto.
Sin embargo, la Corte Suprema colombiana no avaló por completo la extradición del hermano de Piedad Córdoba al poner en entredicho los delitos relacionados con armas de fuego, haciendo un llamado a la fiscalía para que investigue los presuntos delitos cometidos por el excandidato al Concejo de Medellín.
«Adviértasele al Fiscal General de la Nación sobre el imperativo de iniciar la investigación por los hechos delictivos referidos en los cargos dos y tres de la acusación formal n.° 22 CRIM 121 dictada el 24 de febrero de 2022 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, si aún no ha abordado el conocimiento del asunto», dicta el fallo.
La revista Semana recuerda que, de acuerdo a las evidencias, Álvaro Córdoba sería el encargado de conseguir la presunta droga con el jefe de la disidencia de las FARC al sur de Colombia, alias «Gentil Duarte». Tras llegar a acuerdos, el grupo guerrillero se comprometía a llevar la mercancía hasta el Pacífico, en tres puntos claves: Tumaco (Nariño), Cauca y Buenaventura (Valle).
Para los abogados del acusado, se cometieron una serie de abusos en el proceso judicial relacionados con la celeridad que se le dio al caso. El letrado Antonio Guette dijo al diario El Colombiano que todavía la Corte Suprema de Colombia no les ha notificado del fallo y cree que en el proceso hay inconsistencias.
“Es importante señalar, a modo de contexto, que la velocidad con la que se llevó a cabo todo el trámite legal solo se había visto con Otoniel. Ambos procesos se dieron en 7 meses, un tiempo récord para este tipo de trámites”, dijo Guette.
Ahora todo queda en manos del Gobierno colombiano para que firme el documento que autoriza la extradición del hermano de la congresista.