El Tribunal de la Corte de Pichincha, conformado por los magistrados Patricio Vaca, Miguel Narváez y Anacélida Burbano, aceptó el recurso de apelación interpuesto por Fiscalía y llamó a juicio al expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo Bucaram.
Ambos fueron acusados de presuntos autores del delito de delincuencia organizada por la negociación de pruebas rápidas para diagnosticar el covid-19.
Tras esta decisión, los dos tendrían que enfrentar la etapa de juicio. Ese delito es sancionado con cárcel de siete a 10 años. Así lo establece el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Además, el Tribunal Provincial ratificó el estado de inocencia de otras dos personas que estaban procesadas en esta causa.
En septiembre pasado, durante la audiencia preparatoria de juicio, el juez Geovanny Freire dictó auto de sobreseimiento a favor de las cuatro personas, entre ellas, Abdalá Bucaram y su hijo. En esa ocasión solo llamó a juicio a otros tres imputados.
Según el juez Freire, los Bucaram y las otras dos personas, fueron compradores de pruebas rápidas de manera privada, las cuales habrían sido importadas de manera legal.
Este jueves 16 de diciembre del 2021, se conoció que la Fiscalía indicó a los jueces provinciales que el magistrado Freire “no valoró correctamente los más de sesenta elementos de convicción presentados en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio”.
La Fiscal del caso también indicó que las presuntas irregularidades cometidas por los procesados se habrían perpetrado entre marzo y junio de 2020, “pero las actividades ejercidas por los procesados para intentar dar legitimidad a sus acciones se extendieron hasta el mes de octubre”.
Según las investigaciones, durante ese tiempo, “se habría conformado una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, movilizando incluso bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), cuyos agentes se habrían encargado de brindar seguridad a dos extranjeros para el traslado de las pruebas covid-19 hasta Guayaquil”.
Estos hechos habrían ocurrido en Pichincha, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas. En esas provincias los procesados habrían planificado y dirigido la comisión de actividades ilícitas para comercializar pruebas covid-19 e insumos médicos, “sin facturas y sin pagar impuestos al Estado ecuatoriano”.
En este caso, los dos exagentes de la AMT ya fueron sentenciados mediante procedimiento abreviado. Es decir, aceptaron su responsabilidad en los hechos imputados.
Tras conocer este fallo judicial, el expresidente Bucaram se pronunció a través de sus redes sociales. En una publicación escribió: “Atención Ecuador… Judicatura ordenó a jueces que nos revoquen el sobreseimiento y nos llevan a juicio a Jacobito y a mí”.