Los cargos de narcoterrorismo presentados por el departamento de Justicia de los Estados Unidos contra las principales figuras del régimen chavista, así como las recompensas por un total de USD 55 millones para quienes provean información que lleve a sus respectivos arrestos y enjuiciamientos, representa un nuevo punto de inflexión en la estrategia de presión implementada por la administración de Donald Trump.
Los cargos, revelados hoy por el fiscal general William Barr, aseguran las principales figuras del régimen actúan como cabecillas del Cártel de Los Soles, nombre que hace referencia a las insignias que los altos mandos militares venezolanos llevan en sus uniformes y cuya existencia también había abordado por primera vez la ONU en un informe en febrero.
Los miembros de la organización, explican, cooptaron el estado venezolano y se valieron de sus instituciones para, en colaboración con las FARC colombianas, enriquecerse mediante actos de corrupción y el tráfico de cocaína. En paralelo, alega, “inundaron” Estados Unidos de esa sustancia y “perjudicaron a sus consumidores a través de las características dañinas y adictivas de la sustancia”.
A lo largo del documento, el organismo estadounidense detalla la manera en que lo hicieron, crímenes específicos cometidos por los perpetradores -sobresale la toma de sobornos y lavado de dinero- y hasta la manera en que gastaron parte del dinero malhabido: aviones privados, ropa de lujo y hasta un pago de USD 40.000 al director de un concurso de belleza venezolano son algunos de los ejemplos.
El departamento de Justicia incluyó a 14 funcionarios, pero puso especial foco en siete de ellos y por cinco ofreció recompensas que totalizan USD 55 millones para quienes provean información que derive en su arresto: USD 15 millones por el dictador Nicolás Maduro; y USD 10 millones por: Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y considerado el número dos del régimen; el ministro de Industria y vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami; el ex general y ex director de inteligencia militar de Venezuela (DGCOM) Hugo Carvajal; y el ex jefe militar Cliver Alcalá Cordones, quien hoy le aseguró a Infobae que se entregará en los próximos días a las autoridades colombianas.
Y si bien no ofreció recompensa por ellos, también puso énfasis en la máxima autoridad del Tribunal Superior de Justicia, Maikel Moreno, y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, explicó que las recompensas se ofrecen bajo el paraguas del Programa de recompensas de narcóticos (NRP) del Departamento de Estado. Más de 75 narcotraficantes fueron llevados ante la justicia bajo este programa desde que comenzó en 1986. El Departamento de Estado informó que pagó más de 130 millones en recompensas por información que conduzca a esas detenciones.
Según el documento, Maduro, Cabello, Carvajal y Alcalá actúan como cabecillas de Los Soles desde 1999, año en el que Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela. Ese mismo año, líderes de las FARC, “que planeaban negociar la paz con el gobierno colombiano, acordaron con Los Soles relocalizar algunas de sus operaciones a territorio venezolano con la protección del Cártel”.
Ese hecho marcó el comienzo de las operaciones de narcotráfico transnacionales a gran escala. La acusación indica que “desde entonces comenzaron a enviar cocaína a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central”, haciendo especial énfasis en Honduras como uno de ellos.
El Departamento de Estado estimó que para el 2004 ya se traficaban al menos 250 toneladas de cocaína por año. La sustancia se transportaba por vía marítima y aérea: a través de lanchas, botes pesqueros y containers, así como vuelos que partían desde pistas clandestinas ubicadas particularmente en el estado de Apure.
Barr añadió que se estima que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína son enviadas fuera de Venezuela por las rutas de la alianza criminal, que equivalen hasta a 30 millones de dosis. Barr también presentó cargos contra ex altos cargos de FARC, como el ex negociador de paz de la antigua guerrilla Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, y Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich”, por colaborar con el dictador venezolano para traficar con cocaína.
El documento luego analiza los delitos cometidos por cuatro figuras del régimen: Maduro, Padrino López, Moreno y El Aissami.
Nicolás Maduro
“Como líder del Cártel, negoció envíos de miles de toneladas de cocaína producidas por las FARC, instruyó al Cártel a que proveyera equipamiento militar a las FARC, coordinó asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala, y solicitó la asistencia de las FARC para entrenar milicias ilegales que funcionaron, en esencia, como fuerzas armadas para el Cártel”, resume la acusación contra el dictador.
Junto con Cabello, Carvajal, Alcalá y los líderes de las FARC, Maduro enfrenta los siguientes cargos: Conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, lo que acarrea una pena de prisión que oscila entre los 20 años y la cadena perpetua; conspiracipon para importar cocaína a los Estados Unidos (10 años a cadena perpetua); Importar cocaína a los Estados Unidos usando y transportando armas automáticas y dispositivos explosivos (30 años a cadena perpetua). Las potenciales sentencias serían impuestas por los miembros del Congreso.
El régimen de Maduro negó los cargos y calificó las sanciones como una “acción desesperada del gobierno de Donald Trump”. La independencia de Venezuela se consolida ante cada ataque del decadente e infame imperialismo norteamericano”, indicó Caracas en un comunicado.
Vladimir Padrino López
La acusación hace referencia específica a dos delitos: conspirar para distribuir cocaína a bordo de una aeronave registrada en Estados Unidos entre marzo de 2014 y 2019; y recibir sobornos para permitir el tránsito de aeronaves que, se sospecha, transportaban cocaína que luego sería enviada a Estados Unidos.
“(Padrino López) tenía la autoridad para prohibir el vuelo de estas aeronaves. Muchas veces ordenó que se las obligara a aterrizar o que se las derribara. Sin embargo, permitió que aquellas que le pagaron sobornos transitaran libremente el espacio aéreo venezolano”, reza un párrafo.
El gobierno estadounidense ya había sancionado al ministro de Defensa en septiembre de 2018 cuando congeló sus activos bajo su jurisdicción y prohibió sus transacciones financieras con entidades o personas del país.
“El presidente Maduro confía en su círculo cercano para mantener su control del poder, a medida que su régimen sistemáticamente saquea la riqueza de Venezuela. Continuamos sancionando a sus socios más leales que permiten que Maduro refuerce su control sobre los militares y el Gobierno mientras el pueblo sufre”, indicó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado en ocasión del anuncio, que también alcanzó a la esposa de Maduro, Cilia Flores, a la vicepresidente Delcy Rodríguez y a su hermano y ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, entre otros.
Maikel Moreno
Los cargos contra la máxima autoridad del TSJ tienen que ver con su esfera de influencia: autoridades del distrito sur de Florida lo acusan de conspirar para lavar millones de dólares recibidos en concepto de sobornos para arreglar docenas de causas civiles y criminales en Venezuela.
El documento provee dos ejemplos para fundamentar su caso: “Autorizó el embargo y la venta de una planta de General Motors valuada en USD 100 millones a cambio de un porcentaje de los beneficios. También recibió sobornos para autorizar el retiro de cargos contra funcionarios venezolanos en distintas causas, incluyendo una acusación de fraude por miles de millones contra la petrolera estatal (PDVSA)”.
La discrepancia entre los ingresos regulares e irregulares de Moreno, indica la acusación, se veía ilustrada en su actividad financiera en Estados Unidos: “Aseguraba ganar el equivalente a USD 12.000 por año. Pero entre 2012 y 2016 recibió USD 3 millones en sus cuentas en Estados Unidos. La mayoría de las transferencias provenían de corporaciones fantasma con cuentas en el extranjero relacionadas a otros conspiradores”.
Y detalla como gastó una cifra similar en el sur de Florida: alrededor de USD 1 millón en viajes en avión privado; USD 600.000 en compras con tarjetas de crédito y débito, de las cuales se desprenden decenas de miles en tiendas de lujo como Prada y Ferragamo; USD 50.000 en el arreglo de un reloj de lujo; y USD 40.000 para el director de un concurso de belleza venezolano. La acusación no especifica el objetivo de este último pago. Pero la esposa de Moreno, Debora Menicucci, participó en los certámenes nacionales de Miss Mundo en 2013 y 2014. En el primero no quedó entre las 10 finalistas, mientras que el segundo lo ganó y representó al país en la competición global.
Al igual que los demás altos funcionarios del régimen, Moreno ya había sido sancionado por el gobierno de Estados Unidos. En 2017, el departamento del Tesoro lo hizo junto a los siete miembros de la Sala Constitucional del TSJ, al considerar que habían usurpado las funciones de la Asamblea Nacional. Se le congelaron sus activos en el país y se prohibió a nacionales e instituciones realizar transacciones con él. También se le prohibió entrar al país. Pocos meses después fue sancionado por la Unión Europea.
Tareck El Aissami
El vicepresidente de economía ha estado en la mira de Estados Unidos por años. De hecho, en julio pasado, Washington incluyó a El Aissami en su lista de más buscados por desempeñar «un papel significativo en el tráfico internacional de drogas”. El funcionario de Maduro también es investigado por sus vínculos con el grupo terrorista Hezbollah.
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Consecuentemente, uno de los dos cargos contra funcionario es el de intentar evadir sanciones ya impuestas. La otra indica que entre febrero de 2017 y marzo de 2019 trabajó con personas y entidades basadas en Estados Unidos para proveer vuelos privados para la campaña presidencial de Maduro de cara a los comicios de 2018, elecciones que la vasta mayoría de la comunidad internacional consideró fraudulentas y derivó en el apoyo al titular de la Asamblea Nacional opositora y presidente encargado, Juan Guaidó.
La medida se suma a una larga lista de sanciones económicas contra el régimen y que ponen especial foco en sus funcionarios y en la industria petrolera, su principal fuente de divisas.