Para Enrique Peña Nieto, la corrupción y el lavado de dinero era “una debilidad de orden cultural”. Seguramente, el expresidente también consideraba natural la impudicia de su gobierno para espiar, con dinero público, a opositores, académicos y periodistas y, el colmo, a sus propios aliados políticos.
Una potente investigación periodística internacional, llamada “Pegasus Project” ha revelado que –como en su insaciable saqueo del erario–, la impudicia del grupo que mal gobernó el sexenio pasado no tenía límites: espiaron 15 mil números telefónicos luego de infectarlos con el software Pegasus, que la compañía israelí NSO Group vendía sólo a gobiernos con la condición de ser utilizada contra organizaciones criminales o terroristas.
La tecnología de NSO infecta los teléfonos de sus víctimas y con ello obtiene acceso a toda la información de sus objetivos, incluyendo la posibilidad de activar el micrófono y la cámara del celular.
En la lista revelada por la investigación periodística, que probó que miles de teléfonos inteligentes fueron intervenidos durante 2016 y 2017, no sólo aparecen los números de críticos del gobierno, sino incluso de sus más leales aliados, los firmantes del Pacto por México, y de prominentes miembros del oficialismo durante el régimen anterior.
La lista incluye al ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como a sus familiares y colaboradores cercanos.
Este espionaje masivo e ilegal estuvo a cargo de los responsables de tres dependencias durante el gobierno anterior: la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen). Este último se encontraba en la órbita de la Secretaría de Gobernación, encabezada, durante los años del espionaje, por el actual senador Miguel Ángel Osorio Chong.
Desde diversos flancos se ha destacado el papel que en el espionaje habría jugado Tomás Zerón, quien fuera director de la Agencia de Investigación Criminal y actualmente, según versiones de prensa, prófugo de la justicia y protegido en Israel gracias a sus buenas relaciones con empresas como la proveedora de la tecnología de espionaje.
“Espiaron a la oposición. Espiaron a los jueces, a los periodistas y hasta a los maestros. Espiaron a sus esposas y sus hijos, a sus doctores y sus curas. Es increíble qué tan profundo llega esta historia”, dijo, a propósito de México, Edward Snowden, el exagente estadunidense que hace unos años denunció espionaje masivo por el gobierno de Estados Unidos.
No deja de ser paradójico que uno de los espiados –él y su entorno– haya sido el expresidente Felipe Calderón, pues fue su gobierno el primero en el mundo en adquirir la tecnología maliciosa de la empresa israelí.
Las sólidas evidencias de la investigación periodística deben dar lugar al esclarecimiento absoluto de este vergonzoso episodio y el claro señalamiento de los responsables. Por lo pronto, estamos frente a una prueba más de los resortes autoritarios que dominaron durante los gobiernos anteriores.
Los hallazgos periodísticos dan continuidad a esfuerzos emprendidos desde 2017 y nos recuerdan que organismos como Naciones Unidas ya han alertado sobre el hecho de que la vigilancia ilegal y la intromisión en comunicaciones privadas constituyen violaciones a los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión. Prácticas como la realizada con la tecnología israelí atentan contra las bases de sociedades democráticas.
Con el pretexto del combate al terrorismo o la delincuencia organizada, gobiernos como el de Enrique Peña Nieto usaron herramientas como Pegasus no para combatir delitos, sino para espiar a sus críticos e incluso a sus aliados.
Recientemente, periodistas de algunos estados han denunciado que en la actualidad siguen siendo blanco de espionaje.
De ahí que sea imperativo que, desde todos los flancos, emprendamos esfuerzos para que esas prácticas detestables queden definitivamente en el pasado.
CCB