diciembre 8, 2022 7:19 pm

Ex congresista David Rivera desvió millones de dólares en consultorías internacionales para PDVSA

El ex congresista David Rivera obtuvo al rededor de $20 millones para pagar los servicios de tres subcontratistas por “servicios estratégicos internacionales de consultoría” para la estatal venezolana PDVSA.

Documentos de la corte relacionados con la demanda muestran que el ex congresista federal por el estado de la Florida canalizó al menos $13 millones del dinero que obtuvo de la estatal venezolana para contratar los servicios de los subcontratistas, entre los que también figuran una empresa vinculada al polémico empresario venezolano Raúl Gorrín y otra a la asesora política Esther Nuhfer.

El tercero sería un desarrollador urbanístico que años atrás fue declarado culpable en uno de los mayores casos de narcotráfico del Sur de la Florida,

Demanda contra David Rivera

Rivera actualmente tiene una demanda por incumplimiento de contrato por PDV USA, filial estadounidense de Petróleos de Venezuela que busca recuperar los $20 millones.

El ex representante federal, por su parte, ha presentado una contrademanda contra la petrolera que busca el pago de $50 millones, equivalentes al valor total del contrato de cabildeo incumplido.

Rivera, quien nunca se registró como agente extranjero para representar los intereses de otro país en Estados Unidos, también se encuentra bajo investigación criminal por parte de la fiscalía federal de Miami, según varias fuentes familiarizadas con la investigación. Pero nadie, incluyendo a Rivera, acusado en relación al millonario contrato con PDV USA.

Pagos de David Rivera en Florida

Los documentos presentados en Nueva York por la demanda introducida por PDV USA muestran que parte de los $13 millones fueron entregados en diferentes pagos a una compañía perteneciente al desarrollador urbanístico de Miami Hugo Perera, quien está construyendo proyectos de viviendas asequibles en los vecindarios de Allapattah y La Pequeña Habana, según la página de internet de su empresa.

Las empresas de Perera, PG & Associates y Agronomics, recibieron entre las dos seis pagos por $625,000 y un pago de $1.1 millones, para un total de $4.85 millones, entre marzo y noviembre del 2017, muestran los documentos de la corte.

PG & Associates desarrolla proyectos residenciales en Miami y actualmente tiene un edificio de apartamentos bajo construcción. En su página de internet, la compañía también dice administrar más de 300 apartamentos de alquiler en la Pequeña Habana.

Raúl Gorrín también se benefició

El tercer beneficiario de los $13 millones desembolsados es el magnate venezolano Raúl Gorrín, a través de la compañía Interglobal Yacht Management, LLC, que realiza mantenimiento al yate del empresario, según documentos de la corte.

Gorrín, un cercano colaborador del difunto presidente Hugo Chávez y del actual gobernante Nicolás Maduro, es un prófugo; de la justicia estadounidense bajo cargos de que participó en un esquema de lavado de dinero que involucró; varios miles de millones de dólares obtenidos a través de la corrupción.

El magnate dueño del canal venezolano Globovisión recibió un total de $3.75 millones de la firma de Rivera en 2017.

Fuentes cercanas a la operación señalan que el régimen de Maduro autorizó el contrato con Rivera en un intento por convencer a la administración de Donald Trump sobre la necesidad de negociar una transición directamente con Maduro.

“La idea era ablandar al senador Marco Rubio — un cercano amigo de Rivera— para que dejara de presionar a favor de la aplicación de más sanciones, porque él era el funcionario que más solicitaba que las aplicaran”, dijo una de las fuentes, que habló a condición de no ser identificada. Pero también se buscaba llegar hasta la Casa Blanca, e idealmente gestar un encuentro con el presidente Donald Trump para propiciar un cambio en la política hacia Venezuela, agregó.

Gorrín llegó a tener un encuentro con el vicepresidente Mike Pence, quien para entonces también se pronunciaba con frecuencia sobre la destrucción de la democracia en Venezuela emprendida por el régimen de Maduro.

CP

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