octubre 3, 2022 3:02 pm

Cómo las extorsiones se consolidan dentro del oficio criminal

Las ganancias obtenidas por organizaciones criminales por el delito de extorsión en Guatemala, Honduras y El Salvador se estiman en US$1.1 mil millones anuales y de ese total las víctimas guatemaltecas habrían pagado hasta US$57 millones (unos Q 438.9 millones) de acuerdo con un estudio de Global Financial Integrity (GFI).

Sin embargo, se teme que en el país el impacto sea mayor debido a la falta de información de las empresas, pese a que se sabe que son afectadas.

El informe presentado el 7 de septiembre pasado estuvo a cargo de Julia Yansura directora de programación para Latinoamérica y El Caribe de ese centro de investigación con sede en Washington D.C., mismo que documenta datos de personas y empresas.

Las estimaciones apuntan a que 330 mil personas en los tres países son víctimas de extorsión al año. El informe detalla un estimado financiero del costo de la extorsión en los tres países estudiados, en diferentes períodos.

En Guatemala, las extorsiones durante el 2014 representaron una cifra de US$61 millones anuales, de acuerdo con cifras del Ministerio de Gobernación. (InSight Crime, 2014).

Una encuesta realizada en 2018 y que cita el documento arrojó que las pérdidas por extorsión se estiman en US$33 millones (Q251,797,315). Y por último, en 2020 de US$60 millones a US$400 millones anuales, de acuerdo con un reporte de la agencia USAID en Guatemala.

En El Salvador el estimado fue de US$360 a US$756 millones anuales; mientras que, en Honduras, el rango estimado fue de US$27 a US$200 millones, en ambos países la cifra toma como referencia la mitad de la década de 2010.

COSTOS HUMANOS

Con el título “Extorsión en el Triángulo Norte de América Central: siguiendo el dinero”, el informe evaluó el valor de esta actividad ilícita para comprender mejor cómo se utilizan y se lavan los ingresos de la extorsión. También toma en cuenta si las estrategias contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo se utilizan de manera efectiva para combatir la extorsión.

“Los costos humanos y sociales de la extorsión superan con creces el costo financiero de estos delitos”, dijo Tom Cardamone, presidente y director ejecutivo de GFI.

Lo anterior porque “es un flagelo que causa un daño significativo a las personas, comunidades y empresas al dañar las redes sociales, limitar el crecimiento económico, socavar la fe en las instituciones y provocar deslizamientos”.

Las estimaciones apuntan a que 330 mil personas en los tres países son víctimas de extorsión al año. Foto: La Hora/AFP

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Para la elaboración de este informe, GFI hizo entrevistas a profundidad con expertos del sector privado, incluidas instituciones financieras, así como gobiernos, organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil.

También revisó la información disponible publicada sobre operaciones de aplicación de la ley y casos legales para identificar tendencias y tipologías.

Analizó, además, una variedad de fuentes de datos, incluidas encuestas de victimización para comprender las tendencias actuales y estimar el valor financiero de esta actividad ilícita.

EMPRESAS NO DENUNCIAN EN GUATEMALA

Julia Yansura, autora del informe comentó a La Hora que las cifras son estimaciones, tomando en cuenta que algunas de las fuentes consultadas fueron: Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad Pública y Victimización ENPEVI, Instituto Nacional de Estadística (2018); datos de casos reportados a Policía Nacional Civil, multiplicado por un coeficiente de subreportaje estimado por GFI; entrevistas anónimas con el sector financiero, y datos de Reportes de Operaciones Sospechosas brindados a GFI por IVE de la Superintendencia de Bancos (SIB) para el estudio.

También se tomaron en cuenta estudios previos sobre la cifra de extorsiones del Gobierno de Guatemala (2014), de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, (USAID, por sus siglas en inglés).

“En el caso de Guatemala, las estimaciones tienen una gran debilidad y es que no existe buena información disponible sobre impactos en las empresas. Entonces, se tomaron datos de impacto en personas individuales, con datos un poco viejos e imprecisos”, comenta Yansura, quien explica que se sabe que las empresas son golpeadas por este flagelo, pero más allá de esto, se carece de datos.

Yansura, experta en proyectos relacionados con migración, remesas y desarrollo económico, considera que ningún país es muy bueno en recopilación de datos, por lo que esto se convierte en un reto regional.

Sin embargo, destaca que en el caso de Guatemala llama la atención la escasez de cifras sobre extorsión para el sector privado. “En El Salvador y Honduras ha habido más esfuerzos para medir este impacto en el sector privado”, afirmó.

“Si se quiere combatir la extorsión, necesitamos más información sobre cuánto es, dónde ocurre y quién está afectado. Sería esencial para poder combatirlo y también para medir la efectividad de las políticas públicas”, comentó vía telefónica la experta.

CCB

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